LA CRISIS DEL BANCO CENTRAL: ¿LA 126 DEL 2010?

por Jorge D. Ferraris

El DNU del 15 de diciembre pasado que firmó la Presidenta y por el que se creó el Fondo del Bicentenario para la Estabilidad y el Desendeudamiento, constituido por u$d 6.569 millones de reservas de libre disponibilidad del Banco Central, independientemente de su legalidad, tuvo desde su origen, dos lecturas. Para el gobierno y sus acólitos, es un refuerzo de las garantías para el pago de la deuda pública privada, facilitará las negociaciones con los bonistas que quedaron afuera en el 2005, bajará el riesgo país y mejorará las condiciones objetivas del mercado, todo ello, sin afectar sustancialmente la funcionalidad de las reservas del Banco Central. Para los opositores, es una medida exagerada frente a la posibilidad de atender el pago de la deuda sin necesidad de recurrir a las reservas (como lo preveía el presupuesto aprobado hace apenas unos meses), y tiene como objetivo principal, liberar recursos que incrementan la “caja” del gobierno con miras a solventar las desmesuras que demandarán las necesidades de la campaña electoral para perdurar en el tiempo a la dinastía Kirchnerista. Esto último, dadas las limitaciones estructurales, estimulará la presión inflacionaria, incrementará la conflictividad social y en definitiva, terminará impactando sobre la estabilidad que se necesita para promover la inversión, interna y externa, disolviendo los beneficios de los objetivos enunciados por el gobierno.

Si no conociéramos la conducta del Kirchnerismo podríamos pensar en la primera lectura, medida que sería aceptable si se complementa con resguardos para evitar que los fondos no se desvíen de sus objetivos y se imponga cierta mesura en el gasto público. Pero la historia de los “manotazos” que inició el gobierno con las retenciones móviles (Resolución 125), disuelven nuestra esperanza, y nos hace pensar en que el objetivo principal es el que sospechan los opositores.

La estrategia del gobierno es la de cumplimentar sus objetivos y aún redoblarlos, eludiendo, por medio de ensortijadas interpretaciones, cualquier interferencia del Congreso, sin preocuparse si, para el logro de los mismos, tienen que violentar la ley.

Estamos al inicio de una crisis que nos hace pensar en la versión 2010 de la resolución 125, aquella que desencadenó la larga contienda con el campo. Pero en esta oportunidad la perspectiva no es el enfrentamiento con un sector económico sino un conflicto de poderes.

En esencia, el Kirchnerismo no ha aceptado que ha perdido parte del poder. Si nos los dominara la obcecación, sabrían que los cambios en las relaciones de poder, obligan a la revisión de las estrategias. No están en condiciones de admitir que la trama de una negociación, le puede proporcionar una situación más ventajosa que las que le deparará la “guerra sin cuartel” a la que están avocados. Sin embargo, el “papelón” internacional que la pertinacia oficial nos está haciendo pasar y todas sus consecuencias en el campo de las finanzas, debería hacerlos reflexionar.

La reacción de los escribas del gobierno, ilustra su desconcierto. El análisis de la situación prácticamente la circunscriben a dos aspectos de la cuestión. Un ataque personal a la oscilante figura de Redrado que la comparan con Cobos; o una crítica al espíritu de la ley orgánica del Banco Central, a la que la califican, no sin alguna razón, como un instrumento de las políticas neoliberales del 90´. Claro, se olvidan que a Redrado lo eligió Kirchner y a la ley que regula el desempeño del Banco Central, la podían haber modificado en cualquier momento en los casi 6 años en los que contaron con una mayoría legislativa, dispuesta a votar cualquier engendro que les enviara el Poder Ejecutivo.