METRO

por Oscar Rodríguez-Rozic

(desde Francia)

Se acaba de inaugurar en Berlín una nueva línea de Subterráneo, la U55, que tiene nada más que 1,800 metros de largo y solo tres estaciones. Permitirá conectar, en tres minutos, la Estación Central de Trenes con la puerta de Brandenburgo.

Es un proyecto que tardó catorce años en completarse y costo 320 millones de Euros, es decir, 178,000 Euros el metro lineal de subterráneo. Se estima que la nueva línea transportará solamente unos 6,500 pasajeros por día. Es decir el Estado hizo una inversión de casi 5 millones de Euros por pasajero. Las malas lenguas de la prensa alemana denominan a esta nueva línea del subterráneo de Berlín “muñón”; algo corto y doloroso.

Los alemanes sin preocuparse ni avergonzarse por el costo de los símbolos, agregan así un nuevo elemento bien visible de la reconstrucción de Berlín, que es hoy símbolo de la grandeza imperial pasada, del renacimiento de las cenizas de la guerra y de la reunificación del país luego de la caída del famoso “muro”.

Siempre recuerdo mi primera visita a Berlín en 1965. Las huellas de la guerra eran todavía bien visibles en la ciudad, dividida en zonas militares de ocupación. Pasé unas horas en la zona Oriental que había sido la menos desvastada y en la que lucían los nuevos monumentos grandiosos y realistas que celebraban el triunfo del Ejército Rojo. Allí las grandes avenidas conservaban su elegancia y opulencia Imperial muy siglo XVIII. Tardé en darme cuenta que esas fachadas eran tan lindas arquitectónicamente por que no estaban afeadas por escaparates de tiendas y por los carteles publicitarios estridentes y luminosos que, además de las vidrieras, parecían cubrir todas las paredes en la parte occidental de Berlín.

Hice ese viaje siendo funcionario del Consejo Nacional de Desarrollo de Argentina, invitado por el Gobierno Alemán, para negociar los detalles de una donación que la Agencia de Ayuda Externa de Alemania hacía al Gobierno Argentino, para realizar estudios de factibilidad de proyectos de energía en Argentina. Estas negociaciones tuvieron lugar en Bonn, en las oficinas del ministerio de Economía del Gobierno Alemán, que sin duda para patentizar lo provisorio de esa Capital temporaria, estaban instaladas en construcciones prefabricadas, de una simpleza y sobriedad imponentes.

Que contraste el de esas oficinas de los funcionarios alemanes que administraban la ayuda alemana a los países del tercer mundo como Argentina, con el lujo y elegancia, por ejemplo, de mi oficina en el séptimo piso del Palacio de Hacienda, desde cuya ventana, por encima de la Casa Rosada, se podía ver el edificio del Banco de la Nación. Un funcionario alemán que meses atrás había venido a mi oficina a ofrecer esta ayuda, que no conocía bien Buenos Aires se interesó la arquitectura neoclásica del Banco de la Nación. Lo llevé a ese edificio a visitar el imponente interior, el salón de mármol del despacho del Presidente del Banco y el balcón desde el que se ve la actividad de la planta baja, el público que acude a las ventanillas del banco.

Parecerían desproporcionados esos lujos del pasado, que perduraban en el Buenos Aires de los años sesenta, inmune a las guerras mundiales y posiblemente, en alguna medida, beneficiario de esas guerras que no le impidieron exportar carne y cereales a granel. Argentina, sin enviar tropas como lo hizo Brasil, había ganado la guerra. Que, contraste con la austeridad de Bonn, capital de ese país que habiendo perdido la guerra, se había reconstruido y era ahora una potencia económica que daba ayuda a países como Argentina, apenas veinte años después de haber sido desvastado.

Por eso se entiende que los alemanes ahora nuevamente tan ricos, se den el lujo de construir esa nueva línea de subterráneo de solo mil ochocientos metros de largo, tal vez innecesaria y que costó un disparate. Los argentinos de los años veinte se dieron en su momento el lujo de construir el salón de mármol del Banco de la Nación, como símbolo de la riqueza del Río de la Plata, basada en la vaca, el alambre de púa y los diez metros de humus que cubren la pampa húmeda.

Esperemos que la soja no devore esa riqueza natural y que el Banco de la Nación no se privatice y sus mármoles se vendan. Estos símbolos de grandeza son la evidencia del orgullo y la gloria de las naciones, aunque sean, en nuestro caso, solo glorias pasadas que vale bien la pena conservar.

"...y en el 2000 también!"

por Carlos A. Manus

En 1936, en plena “década infame”, el consorcio internacional SOFINA obtuvo la prórroga de la concesión eléctrica de su filial CHADE (después CADE) en la Argentina con la complicidad del gobierno del presidente Agustín P. Justo y mediante sobornos al Partido Radical y a sus Concejales.

El Partido Radical utilizó esa prebenda para financiar la campaña electoral de Marcelo T. de Alvear y la construcción de la Casa Radical, monumento a la corrupción.

Ante ese cohecho, el presidente Justo expresó “es el primer caso de un partido que se corrompe en la oposición”.

Ese negociado fue analizado en los Cuadernos editados por el grupo FORJA, cuyos integrantes interrumpían los mitines radicales con mayoría antipersonalista a los gritos de “Cade, Cade”.

En 1944, el presidente de facto Pedro P. Ramírez dispuso la investigación del “affaire” designando una comisión presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde e integrada por Juan Pablo Oliver y Juan Sábato, la que produjo un informe demostrando que habían existido esos sobornos.

Los ejemplares del Informe Rodríguez Conde fueron secuestrados e incinerados por el coronel Juan D. Perón como retribución a la contribución efectuada por la CADE a su campaña electoral. Perón acuñó el calificativo infamante de “cadista” con el que, paradójicamente, denostaba a sus adversarios de la Unión Democrática

Sesenta y cuatro años después se repite el escándalo ante las coimas a los Senadores para lograr la aprobación a la ley de reforma laboral elaborada por otro gobierno de coalición.

Existen algunas diferencias entre ambas corruptelas: en la primera, el sobornador fue un consorcio privado; en la segunda, las sospechas apuntan al gobierno como prevaricador. Los sobornados de 1936 pertenecían al mismo partido; en el 2000 se han emporcado opositores y, al menos, un oficialista.

No cabe en el presente caso aplicar aquella expresión de Justo: el partido opositor de hoy ya estaba corrompido cuando fue oficialista.

Cuánta razón tuvo Discépolo cuando profetizó “Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé…¡En el quinientos seis, …y en el dos mil también!”

LEY DE MEDIOS: LAS FALLAS DE LA OPOSICIÓN

por Jorge D. Ferraris


Cuando los Kirchner decidieron enviar al Congreso el proyecto de ley de Medios Audiovisuales, sabían los riesgos que corrían. Una derrota tendría consecuencias peores que las que tuvo el fracaso de la resolución 125. Por ello, cuando avizoraron la posibilidad de no llegar a los 129 diputados que necesitaban, contrariando su consabida intolerancia, tuvieron que aflojar para obtener los votos redentores del “centro izquierda” y de los socialistas de Binner. Esta vez no jugaron al “todo o nada” sino al “todo o algo”. Disminuyeron la envergadura de un posible negocio con Telecom (al excluir a las telefónicas) y admitieron hacer un poco más dificultosa la posibilidad de manejar a su arbitrio, la autoridad de aplicación de la ley. Evaluando estos antecedentes, la posibilidad de que el oficialismo gane la votación en el Senado, ha crecido.

Esta vez los que jugaron al “todo o nada” fue el conglomerado opositor (pan-radicalismo, Coalición Cívica, PRO y peronismo anti-K). Se retiraron del recinto dejando que el oficialismo, más sus aliados circunstanciales, resolvieran la cuestión bajo su total responsabilidad. No se puede saber hasta que punto, es posible calificar a esta conducta como un “error estratégico”. Esta actitud categórica, los terminó colocando como postulantes de una alternativa no querida por ellos. El oficialismo aprovechó este dogmatismo, para instalar un falso dilema: “ley de la dictadura” o “el proyecto del Ejecutivo”.

Es difícil dilucidar qué los llevó a despreciar las posibilidades que les brindaba una negociación con el “centro izquierda”, espacio en el que se hallaban los socialistas de Binner. No se puede saber si la visualización de una derrota del el oficialismo, cuyas probables consecuencias darían lugar a especulaciones sobre la futura gobernabilidad, los obnubiló; o una cuestión de principios ante el atropello que sufrieron en la reunión conjunta de las comisiones que suscribieron el dictamen, donde el oficialismo “los pasó por arriba” ignorado los procedimientos reglamentarios.

Si se hubiesen quedado, los ciudadanos no solo hubiéramos conocido mejor sus argumentos, sino además, de haberse unido al “centro izquierda”, la oposición hubiese conseguido mayores modificaciones que, si bien no convierten al proyecto en una ley ideal, amortiguan las posibilidades de dejar el campo mediático al arbitrio total del gobierno.

Basta, para confirmar lo anterior un solo tema. Si la oposición se hubiese quedado hasta el tratamiento en particular de cada artículo, la disposición del proyecto de ley que le da a los multimedios un año de plazo para adaptarse a sus disposiciones, podría haberse extendido. De hecho este artículo obtuvo sólo 107 votos a favor y 26 en contra. Esta es una disposición clave para los planes del gobierno. Lo exiguo del plazo obligará prácticamente a un “remate” de medios, creará el río revuelto que necesitan los pescadores que cuentan con el apadrinamiento del oficialismo.

LEY DE MEDIOS: SERÁ IMPOSIBLE VOLVER AL PASADO

por Jorge D. Ferraris

Aunque la ley de Medios continúa discutiéndose en un ámbito de asperezas y encontronazos políticos nada sutiles, es posible –con buena voluntad- encontrar elementos positivos, que de ser debidamente valorados, podrían constituir la base de una solución, con miras al futuro.

El primer elemento meritorio, es haber traído al primer plano del interés público, una problemática importantísima que afecta la convivencia y el sostenimiento del sistema democrático en el país. Es cierto que desde hace años, el tema venía siendo trabajado y merece reconocérselo a sus protagonistas, pero esta es la primera vez (en nuestro país), que la cuestión emerge al campo de las posibilidades de realización efectiva, plasmando así, los designios de la opinión pública.

Los motivos por los cuales el gobierno ha traído este asunto, responden a su interés por desarmar una estructura de información mediática a la que creen responsable de sus desventuras electorales al influir masivamente sobre la opinión pública, formalizando una imagen negativa de sus realizaciones. De paso y de ser posible, por intermedio de los poderes arbitrarios que la ley le confiere al Poder Ejecutivo actual (y mañana al gobierno de turno), está subyacente el objetivo de entregar el dominio de ciertos medios a sus amigos y simpatizantes, tratando de equilibrar así, el poder mediático de sus adversarios.

Las reales motivaciones del gobierno son infelizmente ciertas, pero serán intrascendentes con cara al futuro. La complejidad de esta materia, la diversidad de intereses que disputan el manejo de medios que la tecnología va cambiando con una dinámica asombrosa, la introducción masiva de otros, por ahora imposibles de controlar (como los que se desarrollan en el ámbito de Internet), convertirán en insustanciales a los propósitos del gobierno. Lo que quedará en la conciencia social, será positivo: la necesidad de regular un enmarañado sistema de comunicaciones para garantizar la efectiva materialización de la libertad de expresión en un ámbito tecnológico que cambia a un ritmo que no había sido pronosticado.

Si la ley se aprueba antes del 10 de diciembre, sesgada como lo pretende el gobierno, la nueva composición parlamentaria tratará de acordar las mejoras que corrijan las inequidades y el perfil autoritario de la ley. De no acontecer esta circunstancia, el nuevo congreso no podrá obviar el tratamiento de este asunto en el marco general del actual proyecto. Lo positivo es que, de aquí en más, con relación a este tema, será imposible volver al pasado.

TODO POR EL TODO

por Oscar Rodríguez-Rozic
(desde Francia)

Hoy miércoles 9 de septiembre Argentina y Francia juegan todo por el todo por lograr la clasificación para el Mundial de África del Sud.

Otra batalla en que parece necesario jugar todo por el todo se desarrolla en el Congreso Argentino con la ley de difusión. Habrá que esperar unos cuantos días mas para saber como termina esta batalla. El comentario que sigue sobre la discusión política, que tuvo lugar aquí en Francia hace algunos meses, sobre la política de medios de difusión radial y televisiva, puede que sea de alguna utilidad para ilustrar un aspecto del problema que tal vez no sea parte del debate en Argentina.

Francia tiene un sistema público de difusión televisiva bastante singular. Las emisoras estatales de TV, cinco o seis canales, reciben del estado el producto de un impuesto que pagan todos los poseedores de un televisor de alrededor de 100 Euros anuales. Pero su financiamiento esta basado, fundamentalmente, en los recursos que obtienen de la venta de espacios publicitarios en sus emisiones. Están por lo tanto en abierta competencia por audiencias y recursos con las cadenas privadas de TV que no reciben fondos del estado. La dirección de la televisión estatal está en manos de personalidades respetadas y que gozan de una reconocida independencia y autoridad intelectual. Tanto las estaciones públicas como las privadas solo pueden pasar avisos comerciales antes y después de los programas o en el medio de un programa de larga duración, mayor de una hora.

El gobierno de Sarkozy resolvió que las emisoras estatales eliminaran la difusión de publicidad en sus emisiones a partir de las 21.00 horas. Esta decisión de un gobierno de derecha provocó la renuncia del Director de la televisión estatal y agudas críticas de los políticos de todas las izquierdas y de muchos intelectuales, que adujeron un siniestro plan de Sarkozy para desfinanciar y achicar y eliminar la televisión estatal, en provecho de la privada, que le sería así fiel seguidora. El gobierno respondió que esa medida tenía por objeto permitir que se difundieran programas sin interrupciones comerciales de gran contenido cultural, para ser aprovechadas por el mayor número de espectadores. Señaló, asimismo, que esa había sido una antigua propuesta del Partido Socialista Frances, que envidiaba la televisión estatal sin anuncios de la BBC del Reino Unido.

Como es usual en Francia, la sangre no llegó al río. Nunca se juega todo por el todo. Quedan siempre espacios para algún acomodamiento político y práctico. En Francia nadie habla del Pacto de la Moncloa, posiblemente porque hay una base general de acuerdo sobre el modelo de país sin necesidad de un documento firmado por los actores.

La prensa argentina comienza a mencionar el Pacto de la Moncloa como deseable acuerdo entre radicales y peronistas. Quizá sea una buena idea acabar en política con el todo o nada, que sería mejor que quedara para la clasificación del Mundial. Que Diego tenga suerte esta noche. Yo veré en la televisión privada Francia contra Serbia; no transmiten el otro todo o nada.

LA LEY DE MEDIOS Y LO QUE VENDRÁ

por Jorge D. Ferraris


Hoy es difícil, si se quiere reflexionar sobre la actualidad política, eludir el tema del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al parlamento. El debate recién ha comenzado, por lo que no es imposible que eventualmente, volvamos a repasar este asunto. La oposición ha desgranado en los escenarios mediáticos, todo tipo de reparos, desde los vinculados a la oportunidad elegida para dilucidar una cuestión de estado tan importante; hasta detalles de su articulado, que han despertado dudas y temores. El oficialismo hasta hoy, viene diciendo que está dispuesto a aceptar enmiendas que, si las juzga consonantes con sus convicciones, puedan mejorar el texto de la ley. El tiempo lo dirá…

Corriendo el riesgo que me lapide el fundamentalismo que se ha formalizado en ambos lados de esta discordia, iniciemos el análisis, exponiendo primero, hechos y conceptos que me parece que son, los más difíciles de rebatir:

---Es tanto legal como legítimo que el Congreso considere este proyecto. El hecho de tener “elegidos” a los legisladores que se harán cargo el próximo 10 de diciembre -que modificarían las relaciones numéricas entre bloques- no es una circunstancia válida para posponer hoy, la fecha para la consideración del tema. Lo que si puede decirse, con relación a este punto y contabilizarlo como experiencia para el futuro, que esta particular circunstancia, es una evidencia adicional, que convalida las críticas que en su momento se le hicieron al gobierno por el adelanto de las elecciones. Estos efectos, que ensombrecen legítimas decisiones, son la consecuencia de colmar de chicanas a los episodios electorales.

---La ley vigente, sancionada durante la dictadura militar y modificada más de
cien veces, sin alterar su esencia, fue permisiva para la constitución de concentraciones empresariales que afectan la equidad y lesionan la libertad de prensa. Con base a estas regulaciones, el grupo Clarín, mediante un complejo proceso de “exigencias y negociaciones” con los gobiernos de turno (incluyendo el de Néstor Kirchner), fue obteniendo ventajas progresivas que le permitieron constituir una posición dominante en la industria audiovisual. ¿Por qué Clarín perdió esta capacidad “negociadora” que lo distinguía, tan abruptamente?, ¿Cuáles fueron los hechos que desataron esta guerra?. No se conocen con certeza. Quizá tengamos que esperar que alguno de sus protagonistas escriba sus memorias.

---En el curso de 26 años de democracia, la responsabilidad del gobierno estuvo casi 8 años a cargo de los radicales y 17 años a cargo de los peronistas (no me vengan con el cuento de que el gobierno de Menem no fue peronista), de los cuales 6 años corresponden al Kirchnerismo. Durante ese lapso, la sustancia de la ley no se modificó, aunque legítimo es decirlo, no uno, sino varios proyectos, se presentaron con el objeto de morigerar la posibilidad de la concentración monopólica de los medios, así como el de adecuar las normativas a las tecnologías modernizadas. Los arreglos con las corporaciones dominantes –“intercambios” de por medio- volvieron los proyectos al oscuro silencio de los cajones. Ante este panorama sería difícil determinar quien tiene el derecho a arrojar la primera piedra…

Los hechos que hemos expuesto, no son válidos para dejar de lado la oportunidad de mejorar el ámbito legal de los medios audiovisuales. Sirven para una apreciación subjetiva de las intenciones que podrían moverse detrás de la pantalla de objetivos intachables como son los que enuncia el proyecto en su artículo 1. Esta valoración, surge de articulaciones que permitirían un manejo arbitrario por parte del órgano de aplicación de la ley. En efecto, hay una concentración absoluta de los poderes para la aplicación de la ley en el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, compuesto por cinco miembros de los cuales el Poder Ejecutivo elige a tres de ellos. Los demás órganos que crea la ley, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual: proponen, aconsejan, evalúan, analizan etc. pero no tienen ni poder decisión ni de control efectivo sobre la actuación del Directorio, el que depende a su vez, de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete.

Pero lo más importante de este episodio que recién empieza, son las consecuencias que tendrá la ley sobre el ámbito empresarial de los medios de comunicación. “Lo que vendrá”, será lo más trascendente. La ley otorga el plazo de un año (improrrogable) para que los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por ella, se ajusten a sus disposiciones. Estarían afectados, en el caso de que se apruebe la ley, los grupos corporativos que dominan el complejo de medios audiovisuales, de los cuales los más importantes son: el grupo Clarín, Telefónica y el Grupo Uno América (Vila, Manzano y de Narváez), los que deberán desguazar y reordenar parte de sus componentes, para ajustarse a la nueva normativa. Esto provocará ventas de paquetes accionarios, fusiones, y sobre todo ello, oportunidades para nuevos negocios. En fin, un río revuelto en espera de buenos pescadores.

Son comprensibles entonces, las sospechas que visualizan como primer objetivo de esta batalla, debilitar al principal enemigo del gobierno: el grupo Clarín y de paso, enmarañar la situación para que los “amigos capitalistas” del oficialismo, se apropien de jugosos negocios. Todo ello en el contexto de un propósito firme, el de mejorar para el futuro, los instrumentos que influyan sobre la opinión pública a favor del gobierno.

AGRESIONES VERBALES

por Oscar Rodríguez-Rozic
desde Francia


Hace pocas semanas culminó en Francia el proceso criminal seguido contra Fofana, un inmigrante del norte de África, y diez otros cómplices suyos del brutal asesinato de un joven judío, que fue brutalmente torturado antes de morir. Fue obvio un fondo racista en este episodio, que tuvo lugar en una de las “cités” eufemismo con que se denominan en Francia a los inmuebles de vivienda social que entornan las grandes ciudades. Fofana fue condenado a prisión perpetua y sus coacusados a menos de diez años de prisión, lo cual causó protestas por lo leve de esta última sentencia, de parte de los familiares de la víctima y de diversas asociaciones judías.

Una derivación interesante del proceso contra este grupo de delincuentes, al que la prensa dio el nombre de “Gang de Bárbaros”, fue que concluido el proceso, el abogado de la familia de la víctima, Me Spiner, quien fuera abogado de Jacques Chirac y de Alain Juppé, descontento con el veridicto, calificó al fiscal del proceso de “traidor genético” (traître génétique) y a los abogados de la defensa de “cabrones abogados seudo izquierdistas” (connards d’avocats bobos de gauche).

El Procurador General de Paris ha demandado que se inicie una investigación sobre dichos insultos, con vistas a un proceso disciplinario y penal, contra el abogado Spiner, por su agresión verbal a magistrados y colegas.

Quien sabe si y cuando tendrá lugar este proceso. Pero es interesante notar que las agresiones verbales, a las que estamos acostumbrados en Argentina, pueden tener en Francia consecuencias jurídicas y políticas que sería difícil imaginar pudieran tener las manifestaciones públicas de este tipo, en la Argentina de hoy y de siempre.

Hace un poco mas de dos años en Aix-en-Provence, la ciudad donde vivimos, el día en que se cerraba la campaña para la elección del Intendente de de la ciudad, el candidato incumbente, que resultó electo por cuatro años, habría hecho circular un panfleto y una declaración a la prensa, cuya autoría nunca fue reconocida, con acusaciones injuriosas contra uno de los otros candidatos, de su propio partido político. Nosotros nunca vimos ni supimos de esa agreción. El candidato vencido en la primera vuelta de la elección inició un proceso, que luego de mas de dos años terminó siendo considerado por el ”Conseil d’Etat”, el equivalente a la Corte Suprema, que decretó la nulidad de la elección.

Fue así como, hace un mes, se precedió en Aix a una realizar una nueva elección de Intendente, que resultó ganada por el mismo candidato que había ganado la anterior elección, que esta vez sin embargo, se abstuvo de hacer agresiones verbales. El Intendente reelecto tendrá un nuevo mandato completo de cuatro años en lugar de los dos que le faltaban cumplir de la elección anterior. Este proceso le costó al municipio un millón de euros, pero posiblemente sea plata bien gastada.

La democracia y el funcionamiento de la justicia tienen un costo que merece ser pagado. Yo que prácticamente nunca tuve ocasión de votar en Argentina soy un fanático del sufragio y como reciente europeo que soy, voté con mucho gusto en las dos vueltas de esta elección. Mi candidato perdió, por solo 187 votos.