por Jorge D. Ferraris
Hoy es difícil, si se quiere reflexionar sobre la actualidad política, eludir el tema del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al parlamento. El debate recién ha comenzado, por lo que no es imposible que eventualmente, volvamos a repasar este asunto. La oposición ha desgranado en los escenarios mediáticos, todo tipo de reparos, desde los vinculados a la oportunidad elegida para dilucidar una cuestión de estado tan importante; hasta detalles de su articulado, que han despertado dudas y temores. El oficialismo hasta hoy, viene diciendo que está dispuesto a aceptar enmiendas que, si las juzga consonantes con sus convicciones, puedan mejorar el texto de la ley. El tiempo lo dirá…
Corriendo el riesgo que me lapide el fundamentalismo que se ha formalizado en ambos lados de esta discordia, iniciemos el análisis, exponiendo primero, hechos y conceptos que me parece que son, los más difíciles de rebatir:
---Es tanto legal como legítimo que el Congreso considere este proyecto. El hecho de tener “elegidos” a los legisladores que se harán cargo el próximo 10 de diciembre -que modificarían las relaciones numéricas entre bloques- no es una circunstancia válida para posponer hoy, la fecha para la consideración del tema. Lo que si puede decirse, con relación a este punto y contabilizarlo como experiencia para el futuro, que esta particular circunstancia, es una evidencia adicional, que convalida las críticas que en su momento se le hicieron al gobierno por el adelanto de las elecciones. Estos efectos, que ensombrecen legítimas decisiones, son la consecuencia de colmar de chicanas a los episodios electorales.
---La ley vigente, sancionada durante la dictadura militar y modificada más de
cien veces, sin alterar su esencia, fue permisiva para la constitución de concentraciones empresariales que afectan la equidad y lesionan la libertad de prensa. Con base a estas regulaciones, el grupo Clarín, mediante un complejo proceso de “exigencias y negociaciones” con los gobiernos de turno (incluyendo el de Néstor Kirchner), fue obteniendo ventajas progresivas que le permitieron constituir una posición dominante en la industria audiovisual. ¿Por qué Clarín perdió esta capacidad “negociadora” que lo distinguía, tan abruptamente?, ¿Cuáles fueron los hechos que desataron esta guerra?. No se conocen con certeza. Quizá tengamos que esperar que alguno de sus protagonistas escriba sus memorias.
---En el curso de 26 años de democracia, la responsabilidad del gobierno estuvo casi 8 años a cargo de los radicales y 17 años a cargo de los peronistas (no me vengan con el cuento de que el gobierno de Menem no fue peronista), de los cuales 6 años corresponden al Kirchnerismo. Durante ese lapso, la sustancia de la ley no se modificó, aunque legítimo es decirlo, no uno, sino varios proyectos, se presentaron con el objeto de morigerar la posibilidad de la concentración monopólica de los medios, así como el de adecuar las normativas a las tecnologías modernizadas. Los arreglos con las corporaciones dominantes –“intercambios” de por medio- volvieron los proyectos al oscuro silencio de los cajones. Ante este panorama sería difícil determinar quien tiene el derecho a arrojar la primera piedra…
Los hechos que hemos expuesto, no son válidos para dejar de lado la oportunidad de mejorar el ámbito legal de los medios audiovisuales. Sirven para una apreciación subjetiva de las intenciones que podrían moverse detrás de la pantalla de objetivos intachables como son los que enuncia el proyecto en su artículo 1. Esta valoración, surge de articulaciones que permitirían un manejo arbitrario por parte del órgano de aplicación de la ley. En efecto, hay una concentración absoluta de los poderes para la aplicación de la ley en el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, compuesto por cinco miembros de los cuales el Poder Ejecutivo elige a tres de ellos. Los demás órganos que crea la ley, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual: proponen, aconsejan, evalúan, analizan etc. pero no tienen ni poder decisión ni de control efectivo sobre la actuación del Directorio, el que depende a su vez, de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete.
Pero lo más importante de este episodio que recién empieza, son las consecuencias que tendrá la ley sobre el ámbito empresarial de los medios de comunicación. “Lo que vendrá”, será lo más trascendente. La ley otorga el plazo de un año (improrrogable) para que los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por ella, se ajusten a sus disposiciones. Estarían afectados, en el caso de que se apruebe la ley, los grupos corporativos que dominan el complejo de medios audiovisuales, de los cuales los más importantes son: el grupo Clarín, Telefónica y el Grupo Uno América (Vila, Manzano y de Narváez), los que deberán desguazar y reordenar parte de sus componentes, para ajustarse a la nueva normativa. Esto provocará ventas de paquetes accionarios, fusiones, y sobre todo ello, oportunidades para nuevos negocios. En fin, un río revuelto en espera de buenos pescadores.
Son comprensibles entonces, las sospechas que visualizan como primer objetivo de esta batalla, debilitar al principal enemigo del gobierno: el grupo Clarín y de paso, enmarañar la situación para que los “amigos capitalistas” del oficialismo, se apropien de jugosos negocios. Todo ello en el contexto de un propósito firme, el de mejorar para el futuro, los instrumentos que influyan sobre la opinión pública a favor del gobierno.
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Muy bueno tu analisis. Teniendo en cuenta "el modelo" con el que se maneja el gobierno (y no solo el kirchnerismo, esto empezo antes) tenemos todo el derecho a "imaginar" intereses ocultos y por ello desconfiar de "lo que vendrá", si hasta periodicos de España alertan sobre la "movida autoritaria" de varios presidentes latinoamericanos
ResponderEliminarMarta
HOY 6/10 MARCHAMOS A PLAZA DOS CONGRESOS CONTRA LA LEY MORDAZA, 18.30!
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