Aunque la ley de Medios continúa discutiéndose en un ámbito de asperezas y encontronazos políticos nada sutiles, es posible –con buena voluntad- encontrar elementos positivos, que de ser debidamente valorados, podrían constituir la base de una solución, con miras al futuro.
El primer elemento meritorio, es haber traído al primer plano del interés público, una problemática importantísima que afecta la convivencia y el sostenimiento del sistema democrático en el país. Es cierto que desde hace años, el tema venía siendo trabajado y merece reconocérselo a sus protagonistas, pero esta es la primera vez (en nuestro país), que la cuestión emerge al campo de las posibilidades de realización efectiva, plasmando así, los designios de la opinión pública.
Los motivos por los cuales el gobierno ha traído este asunto, responden a su interés por desarmar una estructura de información mediática a la que creen responsable de sus desventuras electorales al influir masivamente sobre la opinión pública, formalizando una imagen negativa de sus realizaciones. De paso y de ser posible, por intermedio de los poderes arbitrarios que la ley le confiere al Poder Ejecutivo actual (y mañana al gobierno de turno), está subyacente el objetivo de entregar el dominio de ciertos medios a sus amigos y simpatizantes, tratando de equilibrar así, el poder mediático de sus adversarios.
Las reales motivaciones del gobierno son infelizmente ciertas, pero serán intrascendentes con cara al futuro. La complejidad de esta materia, la diversidad de intereses que disputan el manejo de medios que la tecnología va cambiando con una dinámica asombrosa, la introducción masiva de otros, por ahora imposibles de controlar (como los que se desarrollan en el ámbito de Internet), convertirán en insustanciales a los propósitos del gobierno. Lo que quedará en la conciencia social, será positivo: la necesidad de regular un enmarañado sistema de comunicaciones para garantizar la efectiva materialización de la libertad de expresión en un ámbito tecnológico que cambia a un ritmo que no había sido pronosticado.
Si la ley se aprueba antes del 10 de diciembre, sesgada como lo pretende el gobierno, la nueva composición parlamentaria tratará de acordar las mejoras que corrijan las inequidades y el perfil autoritario de la ley. De no acontecer esta circunstancia, el nuevo congreso no podrá obviar el tratamiento de este asunto en el marco general del actual proyecto. Lo positivo es que, de aquí en más, con relación a este tema, será imposible volver al pasado.
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